El proyecto, impulsado por parlamentarios oficialistas, recibió 85 votos a favor, 61 en contra -prácticamente todos de la oposición- y dos abstenciones.
La iniciativa introduce cambios al Artículo 318 del Código Penal y sanciona con multa de hasta 200 UTM (más de 10 millones de pesos) o hasta tres años de cárcel a quienes infrinjan las medidas; sanciones que serán independientes a las que actualmente puede imponer la autoridad sanitaria, mediante sumarios, cuyas multas pueden llegar hasta 50 millones de pesos.
Asimismo, establece que quienes, a sabiendas, generen riesgo de propagación de agentes patológicos -es decir, aquellos que estando confirmados como positivos a Covid-19 no cumplen el aislamiento-, arriesgarán hasta 5 años de presidio y una multa cercana a los 12,5 millones de pesos.
